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Últimos Reportes de EE.UU.

Informe sobre la Trata de Personas 2016: Panamá

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PANAMÁ – Nivel 2
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Panamá es un país de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y niños sujetos a la trata sexual y el trabajo forzado.  Las mujeres panameñas son vulnerables a la trata sexual en otros países, incluyendo Bahamas y Guyana.  En Panamá la mayoría de las víctimas de trata identificadas son extranjeras adultas explotadas en la trata sexual, especialmente mujeres de Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, la República Dominicana, Honduras y Nicaragua.  Los tratantes reclutan a las víctimas femeninas con promesas de buenos trabajos y salarios altos en las industrias del servicio doméstico y los restaurantes, al igual que para modelaje y prostitución pero luego las explotan en la trata sexual o en menor grado en la servidumbre doméstica.  Hombres nicaragüenses, y en menor grado colombianos, son sujeto de trata laboral en el área de la construcción, la agricultura, la minería y otros sectores; la mayoría de las víctimas de trata laboral vienen de Nicaragua en bus y entran a Panamá a través de Costa Rica.  Los refugiados colombianos también son vulnerables a la trata debido a que no conocen el proceso de refugio y por su condición irregular. En años recientes, hombres y mujeres de China han sido sujeto de servidumbre por deuda en tiendas de víveres, lavanderías y otros pequeños comercios manejados por ciudadanos chinos; tratantes han sometido a hombres de Colombia a trabajo forzado en restaurantes; una organización internacional ha identificado casos de servidumbre por deuda en hombres de India que venden a domicilio; y las autoridades han identificado a mujeres de Europa Oriental, que trabajaban en clubes nocturnos, como posibles víctimas de trata sexual.  Se ha investigado a hombres estadounidenses por turismo sexual infantil en Panamá.  Oficiales panameños y europeos informan que algunos hombres y mujeres de América Central que transitan por Panamá en ruta al Caribe o Europa, son sometidos a la trata sexual o laboral en los países de destino.  En años previos se ha investigado a oficiales de migración por delitos de trata laboral.    

Los tratantes frecuentemente cobran a los trabajadores extranjeros montos exorbitantes por costos de viaje y alojamiento para mantenerlos en la servidumbre por deuda, a  menudo restringiendo la libertad de movimiento de la víctima hasta que paguen dichas deudas.  Las víctimas informan que los tratantes amenazan con hacerles daño a sus familiares en sus países de origen si no cumplen.  Los tratantes crecientemente explotan a las víctimas de la trata sexual en residencias privadas, en vez de prostíbulos o bares, lo cual hace que sea más difícil detectar estos delitos.  Tratantes de Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Venezuela y Panamá operaron en Panamá durante el periodo del informe.  A diferencia del año anterior, los oficiales del gobierno informaron que más tratantes están creando negocios legales como fachada para disimular sus ingresos provenientes de la trata.  Adicionalmente, más tratantes identificados tuvieron vínculos a grupos de crimen organizado que en años pasados. 

El Gobierno de Panamá no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para eliminar la trata; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo.  Las autoridades identificaron a considerablemente más víctimas de trata e iniciaron más investigaciones de trata que en el periodo del informe previo y continuaron suministrando y financiando capacitación para combatir la trata a los funcionarios.  Sin embargo, las medidas de protección a víctimas siguieron siendo seriamente inadecuadas; el gobierno no asignó fondos a su fondo de asistencia a víctimas de trata, y la mayoría de las víctimas identificadas no recibieron servicios más que una evaluación médica inicial.  El gobierno condenó a menos tratantes y la falta de coordinación entre los ministerios, y la limitación de recursos dificultaron la efectividad de la Comisión Nacional contra la Trata.          

Recomendaciones para Panamá:
Incrementar de forma significativa los fondos para servicios especializados a las víctimas, incluyendo la asignación de fondos y la implementación del fondo dedicado a la asistencia de víctimas y suministrar fondos a organizaciones de la sociedad civil para que ofrezcan servicios a las víctimas; intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley en la investigación proactiva y el enjuiciamiento de delitos tanto de trata sexual como laboral – incluyendo casos que involucren a víctimas panameñas explotadas dentro del país– y condenar y sentenciar a los tratantes, incluyendo a cualquier funcionario público que fuese cómplice; fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, incluyendo entre las agencias regionales de aplicación de la ley, y establecer protocolos estandarizados para la identificación de víctimas, procedimientos para referencias y para suministrar datos a la Comisión Nacional; capacitar a los funcionarios- incluyendo los funcionarios fronterizos y de migración- sobre procedimientos de identificación de víctimas y de referencia, especialmente entre las poblaciones vulnerables a la trata; desarrollar e institucionalizar la capacitación contra la trata suministrada por el gobierno a los funcionarios; aliándose a la sociedad civil, ofrecer servicios especializados a las víctimas masculinas; continuar con los esfuerzos de implementar el plan de acción nacional en contra de la trata de 2012-2017 y asignar fondos específicos a la Comisión Nacional para ejecutar ese plan; educar a los refugiados sobre los procesos para solicitar asilo y ciudadanía; y enmendar la ley en contra de la trata para que adopte una definición de trata de personas que sea consistente con el Protocolo de Trata de la ONU  del 2000. 

ENJUICIAMIENTO
El gobierno incrementó de forma modesta sus esfuerzos de aplicación de la ley en contra de la trata de personas.  La ley 79 de 2011 prohíbe todas las formas de trata, con condenas de seis a 30 años de prisión dependiendo de la naturaleza del delito.  Estos castigos son suficientemente severos y van de acorde con los prescritos para otros delitos graves, tales como violación carnal.  Esta ley también prohíbe el traslado de personas adultas para fines de prostitución (sin requerir el uso de la fuerza, fraude o coerción) y la adopción ilegal (sin requerir evidencia de explotación) como formas de trata, delitos que no se consideran trata de personas bajo el Protocolo de Trata de Personas de la ONU del año 2000. A pesar de que la Ley 79 indica que la trata de personas no requiere que se traslade a la víctima, los funcionarios panameños continuaron investigando y enjuiciando casos de trata de personas que no involucraron traslado como si fueran otros delitos, tales como explotación sexual comercial.  Los funcionarios especularon que algunos tratantes que perpetraban trata sexual infantil, la cual conlleva una condena de 20 a 30 años de prisión, fueron acusados de explotación sexual infantil la cual conlleva una condena menor, de ocho a 10 años de prisión.  El artículo 89 de la ley 3 establece sanciones financieras a los empleadores que confiscan los documentos de identificación de los trabajadores extranjeros. 

Durante el periodo del informe, las autoridades iniciaron 17 investigaciones – 10 por trata sexual y siete por trata laboral – y detuvieron a 38 tratantes, un modesto aumento frente al periodo de informe previo donde hubo 11 investigaciones nuevas.  Si bien inició tres enjuiciamientos en comparación con ninguno el periodo de informe pasado, el gobierno solo condenó a un tratante sexual que fue liberado en espera de una apelación, en comparación con cinco condenas en el periodo previo de informe con condenas de 10  años y 12 años y seis meses de prisión.  El gobierno no informó sobre ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de funcionarios gubernamentales cómplices en delitos de trata de personas.  Los funcionarios continuaron la detención de dos sospechosos de trata laboral de un caso del periodo de informe previo, pendiente de evidencias adicionales.  La policía nacional tenía de nueve a 12 oficiales que se especializaban en investigaciones de trata y trabajaban con la Fiscalía de Delincuencia Organizada para investigar los casos de trata.  Las autoridades panameñas cooperaron con funcionarios de Bahamas en una investigación de trata sexual.  El gobierno suministró los fondos y realizó varias capacitaciones y sesiones de concienciación sobre trata de personas para funcionarios y brindó asistencia financiera o en especie a otras capacitaciones en contra de la trata dirigidas por las ONG.             

PROTECCIÓN
El gobierno incrementó sus esfuerzos de identificación de víctimas pero continuó identificando a las víctimas de trata mediante delitos que involucran traslado y los servicios para víctimas siguieron siendo inadecuados.   El gobierno identificó a 56 víctimas – 54 extranjeras y dos panameñas, 49 víctimas de trata sexual y siete de trata laboral- más del doble de las 25 víctimas identificadas en el periodo previo de informe.  En un caso, 11 venezolanas y una mujer colombiana pagaron aproximadamente $3800 cada una para ser introducidas a Panamá para ejercer como modelos y meseras.  Al llegar, los tratantes obligaron a las mujeres a realizar actos sexuales con fines comerciales en un bar local para cubrir el “alquiler”.  Los funcionarios refirieron a las 56 víctimas identificadas a la unidad técnica de la oficina de protección a víctimas y testigos (UPAVIT) para una evaluación psicosocial pero el gobierno no suministró ni financió albergues específicos para trata ni servicios para víctimas.  Tres de las 56 víctimas escogieron recibir albergue a corto plazo en una instalación del gobierno para víctimas femeninas de abuso doméstico y sexual; muchas víctimas escogieron residir con familiares o amistades debido a las estrictas políticas de seguridad del albergue.  A las víctimas no se les permitía salir del albergue sin escolta y solo podían salir con una escolta para asuntos oficiales, tales como asistir en las investigaciones de las agencias de aplicación de la ley.  En 2015, las autoridades identificaron terreno fuera de la ciudad capital para la construcción de un albergue dedicado para víctimas de trata de personas.  El gobierno comprometió fondos para construir el albergue pero no inició la construcción ni obtuvo los fondos para la operación y el mantenimiento del albergue.  No se disponía de albergues gubernamentales, ni de ONG ni de servicios especializados para víctimas adultas masculinas.  Algunas ONG que asistieron a refugiados y migrantes irregulares también han brindado asistencia a víctimas masculinas de trata de personas colocándolos en hoteles locales para albergue a corto plazo; una víctima masculina recibió asistencia legal de una ONG durante el periodo del informe.  El gobierno no brindó ni servicios a largo plazo ni residencia permanente a ninguna víctima de trata.  Debido a la falta de albergues y de servicios para víctimas, muchas víctimas solicitaban asistencia para la repatriación lo cual limitaba el suministro de asistencia de seguimiento. 

El Ministerio de Salud brindó capacitación sobre la identificación de víctimas de trata a 70 trabajadores de hospital y personal de atención de salud, incluyendo a los que realizan las revisiones de salud obligatorias para las extranjeras que tienen visas de trabajadora de espectáculo, una población vulnerable a la trata.  La capacitación también abordó la identificación de víctimas en servidumbre doméstica y mendicidad forzada.  Una organización internacional desarrolló protocolos para proteger a víctimas y reducir el trauma durante las entrevistas psicológicas y suministró manuales de capacitación de estos procedimientos a todas las cinco UPAVIT, las cuales implementaron los protocolos.  Sin embargo, el gobierno no tenía procedimientos sistemáticos para identificar a las víctimas de forma proactiva entre las poblaciones vulnerables, tales como las personas que ejercen la prostitución y los migrantes indocumentados detenidos.  El gobierno no implementó las guías para la identificación y protección de víctimas que una organización internacional redactó y publicó durante el periodo de informe previo.  Las autoridades panameñas tomaron declaraciones escritas de las víctimas y típicamente no las alentaban a participar posteriormente en la investigación y el enjuiciamiento de sus tratantes.  Si bien las víctimas podían presentar una demanda civil en contra de los tratantes, ninguna lo hizo durante el periodo del informe.  El gobierno no implementó una ley de 2013 que indicaba que cualquier activo confiscado que fuese derivado de actividades de trata de personas fuera asignado para suministrar fondos para las víctimas de trata.  La ley panameña dispone de alternativas legales a corto plazo para evitar la remoción de las víctimas extranjeras a países donde podrían enfrentar penurias o represalias, incluyendo residencia temporal de tres a 12 meses; no está claro si alguna víctima utilizó este servicio durante el periodo del informe.  El gobierno, con asistencia de agencias extranjeras de aplicación de la ley, repatrió a una víctima de trata sexual panameña desde Bahamas.  Si bien no hubo informes de que las víctimas identificadas fueron penalizadas por actos ilícitos cometidos como resultado directo de haber sido sujetas a la trata, esfuerzos insuficientes para identificar a las víctimas y filtrar a la población vulnerable buscando indicios de trata pudiera haber llevado a que algunas víctimas fueran penalizadas.   

PREVENCIÓN
El gobierno sostuvo sus esfuerzos de prevención.  Los ministerios del gobierno continuaron implementando el plan de acción nacional contra la trata de 2012-2017.  El Ministerio de Seguridad Pública desembolsó $105 000 de su presupuesto 2016 para crear una oficina para la Comisión Nacional contra la trata de Personas.  La Comisión se reunió cinco veces durante el periodo del informe pero no tenía fondos, lo cual impedía su habilidad de coordinar capacitaciones en contra de la trata para los funcionarios y realizar esfuerzos de prevención.  La coordinación interinstitucional siguió siendo débil, en gran parte debido a la falta de protocolos estandarizados para realizar e informar sobre actividades realizadas por las varias agencias.  Las instituciones del gobierno y las organizaciones internacionales a título individual usaron sus propios fondos para realizar actividades en contra de la trata de personas.  Varios ministerios del gobierno realizaron eventos para concienciar, incluyendo entrevistas de televisión y radio con miembros de la comisión, y diseminaron panfletos y carteles con el número de la línea de ayuda para combatir la trata.  El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral implementó una campaña de “Conoce tus derechos” para informar a los trabajadores -incluyendo a los migrantes en Panamá y a los panameños que se preparaban para migrar- sobre sus derechos como trabajadores.  El gobierno se esforzó para reducir la demanda de trabajo forzado y actos sexuales comerciales; como parte de su plan de acción nacional para erradicar el trabajo infantil, realizó varias campañas nacionales de concienciación para reducir la aceptación del trabajo infantil y el trabajo forzado por la sociedad civil.  No hubo informes sobre turismo sexual infantil durante el periodo del informe pero la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual continuó su campaña en contra de la explotación sexual de menores –incluyendo la trata sexual infantil– en colaboración con las autoridades de turismo.  El gobierno suministró capacitación para combatir la trata de personas a su personal diplomático.